Familias venezolanas exigen respuestas y justicia tras la muerte de deportados en el terremoto de junio
Tragedia en La Guaira: Familias de migrantes repatriados demandan responsabilidades por las muertes ocurridas en un edificio gubernamental durante el sismo.
Vía BeLatina · Tati Gomes
Familias de migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos, que fallecieron atrapados durante los terremotos de junio, exigen una disculpa formal del gobierno venezolano. Han anunciado su intención de presentar denuncias internacionales por la muerte de sus seres queridos. Un grupo de 146 deportados fue retenido en un edificio antiguo que colapsó, y las familias denuncian la falta de un plan de evacuación y condiciones de detención inadecuadas.
La tragedia ha golpeado duramente a varias familias venezolanas que ahora exigen justicia y explicaciones a su gobierno. Sus seres queridos, un grupo de 146 migrantes deportados de Estados Unidos, incluyendo 120 hombres, 19 mujeres y cinco niños, perdieron la vida en circunstancias devastadoras. Horas antes de los catastróficos terremotos del 24 de junio, estas personas habían sido repatriadas y estaban retenidas en un antiguo edificio en La Guaira, un estado costero vecino a Caracas que fue uno de los más afectados por los sismos. El edificio, según los testimonios de las familias, se derrumbó durante los eventos sísmicos, impidiendo cualquier oportunidad de escape para los detenidos.
Los terremotos del 24 de junio, que alcanzaron magnitudes de 7.2 y 7.5, han dejado un saldo trágico de cerca de 6.500 personas fallecidas en todo el territorio venezolano. Los deportados que murieron, según las familias, habían sido despojados de sus teléfonos móviles y pertenencias personales a su llegada y se encontraban en un edificio vigilado por agentes de inteligencia. Lo más alarmante es que, según los relatos de quienes han alzado la voz, no existía un plan de evacuación en el lugar, una omisión fatal dadas las circunstancias.
Las madres y otros familiares se reunieron públicamente para expresar su dolor y sus demandas. Con fotografías de sus hijos e hijas en mano, dirigieron un claro mensaje al gobierno venezolano. Una de las madres, cuyo hijo, Daniel Alejandro Núñez Ramírez, habría cumplido 29 años el 26 de agosto, enfatizó que él no tenía antecedentes penales ni en Estados Unidos ni en Venezuela, cuestionando así la legalidad de su detención. Aunque reconoció que el terremoto fue un evento imprevisible, su dolor y su indignación se centraron en las condiciones de detención: la falta de pertenencias personales, la ausencia de un plan de evacuación y la decisión de las autoridades de impedir que los deportados abandonaran el edificio cuando el suelo comenzó a temblar.
La madre exigió una compensación moral, una disculpa formal y una explicación completa de lo sucedido. Además, anunció que las familias presentarán denuncias tanto a nivel nacional como ante organismos internacionales. También solicitó cambios en los protocolos de recepción y retención de deportados para evitar futuras tragedias. Otra madre compartió la angustia de haber encontrado el cuerpo de su hijo cinco días después de los terremotos en una morgue improvisada en el puerto, tras una búsqueda desesperada por hospitales de La Guaira y Caracas. Argumentó que el gobierno incumplió su deber de cuidado hacia las personas bajo su custodia y urgió a las autoridades a asumir la responsabilidad por este grave fallo.
Una de las quejas más apremiantes de las familias es la falta de transparencia y comunicación por parte del gobierno venezolano y de la misión Vuelta a la Patria, el programa oficial de repatriación. Ni una ni otra han proporcionado una lista completa de las personas que viajaban en el vuelo 164, el vuelo de deportación que trasladó al grupo a Venezuela horas antes del desastre. Las familias afirman desconocer el número total de supervivientes, el número exacto de fallecidos o una contabilidad completa de quiénes estaban a bordo del avión. Aunque el gobierno confirmó, a través de una publicación en Instagram, la llegada de 146 migrantes, las familias consideran que esta información es insuficiente dada la magnitud de lo ocurrido y las semanas transcurridas desde los terremotos. El proceso de búsqueda de sus seres queridos recayó íntegramente en ellas, quienes pasaron días deambulando entre hospitales y morgues improvisadas, sin orientación ni apoyo oficial para identificar o localizar a las personas que estaban bajo custodia gubernamental en el momento de la catástrofe.
La situación en La Guaira plantea interrogantes que van más allá de las circunstancias específicas de un único vuelo de deportación. La decisión de alojar a los deportados recién llegados, despojados de sus pertenencias y medios de comunicación, en un edificio antiguo monitoreado por agentes de inteligencia y sin un protocolo de evacuación, puso a un grupo vulnerable de personas en una situación en la que no pudieron protegerse cuando los terremotos azotaron. Las familias se preguntan quién tomó esa decisión, por qué se eligió ese edificio y por qué no existía un plan para el escenario que finalmente se materializó. Las denuncias internacionales que las familias han anunciado son una clara señal de su intención de exigir responsabilidades al gobierno venezolano a través de canales que trascienden las fronteras nacionales, buscando una justicia que, de momento, sienten que se les niega en su propio país.
